El sector de la construcción pendiente de la definición del estándar EECN

ID-10070608 (1)Según una directiva de la Unión Europea publicada en 2010, sobre eficiencia energética de los edificios, en 2020 toda nueva construcción deberá tener un consumo de energía casi nulo (EECN). Establece además que después del 31 de diciembre de 2018, también lo tengan los edificios nuevos de las administraciones públicas.

Dicha directiva (2010/31 ) define un EECN como “aquel edificio que tenga un nivel de eficiencia energética muy alto. Además, la cantidad casi nula o muy baja de energía que requiera debería cubrirse, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes renovables, producida in situ o en el entorno“. Señala, además, que cada país deberá concretar su estándar de ECCN, adaptándolo a sus características y normativas particulares,  así como realizar un plan nacional para promover este tipo de edificios. Algo que han hecho 15 países hasta el momento. Los otros 9, entre ellos España   -cuya competencia corresponde al Ministerio de Fomento- se encuentran en la fase preparatoria.

Los agentes involucrados -arquitectos, constructores, fabricantes de materiales, etc- se encuentran expectantes ante una norma decisiva en el modo en que el que se va a edificar los próximos años. Los profesionales del sector dan por hecho sin embargo que el ECCN equivaldrá a un edificio con certificado “A” de eficiencia energética, según la modificación realizada en 2013 del Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación (CTE).

Para hacernos una idea de la importancia que conllevará la transposición de la directiva europea a nuestro ordenamiento y de lo diferente que va a ser por ley construir en adelante en comparación con lo que se ha venido haciendo en el pasado, resaltar que solo el  0,5% de los edificios certificados en nuestro país dispone de calificación “A” en el certificado energético. De la escala de siete letras en que se divide, la más habitual es la E, con más de la mitad. Dicho examen mide el nivel de emisiones de CO2 debido a su demanda de energía para obtener unas condiciones de confort térmico y lumínico en comparación con las dimensiones del edificio, teniendo en cuenta aspectos como la calefacción, el agua caliente sanitaria, la  refrigeración, la ventilación y la iluminación. Si éste se encuentra entre la “élite” que emite menos de 6,8 kg de C02/m2 al año, conseguirá la máxima nota. Si supera los 70,9 recibirá  la peor (la G).

Por tanto, la adaptación de la 2010/31/UE va a obligar a construir de una manera más racional y respetuosa con el medio ambiente, que no suponga un despilfarro en energía para climatizar los edificios  y disminuya la contaminación procedente de los mismos, causantes hoy de más del 40% de las emisiones de CO2 a la atmósfera.

 

 

 

 

El otro Mundial de Brasil

grandebrasildesigualComo ya se ha hablado bastante de  “La Roja”, y se habla de Neymar, de Messi y compañía, toca hacerlo un poco del otro Mundial de Brasil 2014, que estos días vive su desenlace.

Un campeonato del mundo que llegó rodeado de  polémica. Miles de brasileños han protestado en las calles contra lo que entienden como un despilfarro de fondos públicos mientras las necesidades del país en materia social y educativa son acuciantes. Brasil es una potencia mundial, la séptima economía del mundo, sin embargo también es un gigante en desigualdad. Según Manos Unidas, uno de cada cinco habitantes (en total, 40 millones de personas) vive en la pobreza. El 20% de la población más rica goza de una renta media 22 veces mayor que el 20% más pobre; el 10% más rico de la población aglutina el 44,5% de los ingresos totales del país, mientras que el 10% más pobre sólo tiene el 1,1% del total.

Ante la realidad que reflejan estos datos, no es de extrañar el rechazo de una parte importante de la población hacia el festín económico y mediático que supone un evento global de esta magnitud, que además no tiene reparos en exhibir  las difíciles condiciones de vida de los más desfavorecidos  dentro del opulento escenario. Ni siquiera las apelaciones al sentimiento patriótico de un pueblo eminentemente futbolero como es el brasilero han servido para contrarrestar la indignación de sus gentes, que en muchos casos  no están para juegos.

Tener a las mejores selecciones del mundo durante un mes en su territorio  le ha costado al país 10.000 millones de euros. Éste es el Mundial más caro de la historia, más que el de Sudáfrica y Alemania juntos. Los costes han duplicado las previsiones y en cada una de las obras realizadas,  bastantes de ellas prescindibles,  el tufo a corrupción es considerable. Un hedor que también envuelve a los dirigentes de la FIFA ,en cada uno de sus viajes a lo largo y ancho del mundo. El organismo rector del fútbol a escala planetaria es, para muchos, el gran ganador en esta competición que en 2022 se celebrará en Qatar.

Cuando se organizan estos magnos eventos, sus responsables se defienden de las voces críticas que denuncian el despilfarro de dinero  público esgrimiendo el retorno económico que  tendrá para el país. Sin embargo, Inspiraction denuncia que Brasil dejará de ingresar entre 179 y 386 millones de euros, depende de las fuentes, por las exenciones fiscales que la FIFA ha conseguido para las multinacionales que patrocinan el Mundial, una de las condiciones que impone  al anfitrión el controvertido organismo, que según la ONG ya ha obtenido 1380 millones de dólares de beneficios. Unos patrocinadores, marcas multinacionales de sobra conocidas, que probablemente estén perdiendo en reputación lo que obtienen de impacto publicitario con su apoyo a la FIFA.

En definitiva, puede que el domingo día 13 en un Maracaná abarrotado y cientos de millones pendientes de la televisión en los cinco continentes,  lo que verdaderamente esté en juego no sea quien es el ganador.

 

 

 

 

 

Amargo círculo vicioso

fotoEstán siendo estos últimos tiempos de despedidas. Amigos que salen de España a probar fortuna en otros países. Personas jóvenes muy bien preparadas, con experiencia y con trabajos, que dejan por ser inferiores a su cualificación, o porque ésta no es más valorada en la empresa para asumir mayores responsabilidades que ser “amigo o familia de”. Y no solo por ellos, sino también  por todos los que están cruzando la frontera porque aquí no pueden desarrollarse profesional ni vitalmente, uno siente una extraña mezcla de tristeza y alegría. Es triste que un país como el nuestro vaya a perder a buena parte de la generación mejor formada, condenada a trabajos precarios o donde no pueden llevar a la práctica su potencial.  Alemania, Reino Unido o los países nórdicos deben estar encantados de que España forme bien a los que serán parte de su cuerpo de ingenieros, médicos, investigadores, etc. La alegría viene, porque, aunque en todos sitios cuezan habas, llegan a sus nuevos destinos con toda su inocencia y buenas intenciones, repletos de ilusiones, tras escapar de un país enfangado hasta el cuello.

Esta semana se han dado a conocer los 10 países más felices de la OCDE. Una lista en la que no está España por increíble que les pueda parecer a muchos de nuestros dirigentes. El tercer lugar de este ranking lo ocupa Suecia. Allí, por ejemplo, el acceso a la vivienda está regulado por ley, y un joven puede vivir en el centro de una ciudad -o donde quiera- a un precio razonable. La calidad del aire que respiran sus habitantes es mejor que en otros países porque el medio ambiente es una prioridad para los ciudadanos y sus gobernantes. La gente está contenta por ésta y otras muchas razones que conforman una sociedad cívica.

Y uno se pregunta qué es primero para llegar a vivir en un país así: la gallina o el huevo. El civismo de los ciudadanos o el de sus gobernantes. Qué hay que hacer para que en el entorno en el que transcurre se dé más importancia al aire que respiramos no esté contaminado que a tener no sé cuantos bienes materiales y el puesto más insustancial en cualquier administración para toda la vida; que una persona educada y capacitada para atender a unos enfermos, descubrir tratamientos contra enfermedades o educar a nuestros hijos, es decir, aportar un bien a la sociedad, viva al menos con la misma holgura que un político de tercera división o allegado analfabeto; donde sus ciudadanos estén orgullosos de su tierra no solo cuando gana su equipo de fútbol, y den lo mejor de sí mismos cada día para que en ella se viva mejor.

Para llegar a la conclusión de que es la pescadilla que se muerde la cola. Que la  verdadera conciencia de ciudadano, la necesidad de interiorizar y respetar unos valores cívicos por el bien de todos ha de inculcarse desde edades tempranas. Sin embargo los sistemas educativos los hacen y deshacen en España gobernantes interesados, por su propia supervivencia y la de su casta, en perpetuar una sociedad inculta e individualista cuando no enfrentada, crispada, cuyo desapego por el progreso de la comunidad en la que viven, de la que no se sienten parte, el arraigado fatalismo de que “las cosas son así, así han sido siempre y no se pueden cambiar” alimenta y reproduce el amargo círculo vicioso.

Rozando el absurdo

grouchoLo de los políticos de este país empieza a ser ya preocupante. De hacérselo mirar. De lo poco que faltaba por ver era a un consejero regional de Sanidad, en este caso de Madrid, el máximo responsable de la salud de seis millones y medio de personas, defendiendo la modificación de la ley antitabaco para que pueda permitirse volver a fumar en establecimientos públicos cerrados, tal y como pide el propietario de Eurovegas. Roza el absurdo.

Fernández-Lasquetty, que no Groucho Marx, considera que reformar la ley antitabaco es algo “verdaderamente muy importante para el presente y el futuro de España y de Madrid en particular”. Lo mismo defiende el jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, que cree que esta es la mejor  forma de generar empleo en la comunidad autónoma que preside. El señor Rajoy también está por la labor de complacer a ese gran filántropo norteamericano llamado Shledon Adelson, a cuyos pies se rinden nuestros gobernantes. Tanto quejarse de la herencia recibida y resulta que una de las contadas cosas positivas que ha perdurado de la etapa de su antecesor en La Moncloa se puede esfumar como el humo.

Poco parece importar ahora que un millón de personas hayan dejado de fumar y que según las organizaciones de médicos la norma haya evitado desde su entrada en vigor, a principios de 2011,1  1.000 muertes anuales y un 11% de infartos. Lo principal ahora es el empleo, dicen. 200.000 puestos de trabajo auguran. Con el mismo fundamento que el que decía que España iba bien o el otro que proclamaba que estábamos en la Champions League de la economía.

Esperemos que a Mr. Adelson no le dé, no sé, por exigir que para montar su monopoly ibérico  los crupieres sean menores de edad,  o se permita el tráfico de estupefacientes en los alrededores,  o incluso, puestos a pedir, se prescriban las visitas de colegios públicos para echar unas fichas a la ruleta. Lo que el ministro o consejero del ramo no tardaría en justificar argumentando que hay que adaptar el sistema educativo a las demandas del mercado.

Lo que importa es la creación de empleo, sí. No lo hacen para tener así un eslogan de populismo barato que les permita arañar los votos necesarios en las próximas citas electorales para seguir amarrados al sillón otros cuatro años. Pues nada,  que se enciendan las luces y vuelva a empezar la fiesta. Que Alcorcón sea solo el principio de la reconquista de esa España esplendorosa de los últimos años.

 

 

 

 

 

De PIVEs, PIBEs y atascos

coches-trafico--644x362Los atascos son una muestra de que nuestra sociedad no ha avanzado tanto como pensamos. Una evidencia más de que no somos tan listos como nos creemos. Una especie de cura de humildad. Podemos tener un aparato electrónico que pese menos que una  pluma capaz de hacer vídeos de gran calidad y compartirlos para que los vea al instante un señor en Japón. Pero también somos capaces de tardar una hora en hacer un recorrido de 25 kilómetros en autovía.

Sin embargo, pese a estos “inconvenientes” del tráfico habituales sobre todo en las grandes ciudades,  no se plantea un debate político serio donde se ponga en cuestión  la aparentemente inquebrantable  hegemonía total del coche, en concreto de su uso privado, ante los graves problemas de movilidad que ocasiona y la contaminación que genera.

Todo lo contrario, los gobernantes fomentan de forma clara el vehículo privado como principal medio de transporte. En el ámbito local subiendo las tarifas del transporte público, reduciendo su frecuencia o marginando al ciclista,  y en el nacional incentivando la compra de coches mediante iniciativas  como el plan PIVE (Programa de Incentivo al Vehículo Eficiente). Por no hablar del chorreo de dinero que las administraciones inyectan a las firmas automovilísticas cuando estas insinúan la posibilidad de trasladar sus centros de producción a otros países en aras de la competitividad.  En 2012 se concedieron en España 212 millones de euros en ayudas públicas al sector de la automoción repartidas en 116 empresas, lo que por lo visto no es suficiente para que algunas de ellas eviten los ERES.

Por eso no es extraño que surjan reivindicaciones como la de www.ecomovilidad.net , a quien no le falta razón cuando solicita al gobierno un plan PIVE para bicicletas eléctricas, si lo que busca con estas ayudas, como dice, es mejorar la eficiencia de los vehículos, disminuir la accidentalidad y la contaminación. Lo que en realidad sería un “plan PIBE” (Programa de Incentivo a la Bicicleta Eléctrica). La propuesta tal vez peque de demasiado inocente: ¡con lo que les gusta a nuestros políticos ponerse la bata y hacerse la foto en la factoría de turno!

El Parlamento no se ocupa de la pobreza

El Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE), por medio del ‘Proyecto Avizor’ , realiza un seguimiento y evalúa la labor que tanto el Congreso como sus diputados a título individual hacen por combatir la pobreza y promover el desarrollo internacional sostenible. Hace unos días publicó su informe 2012, que suspende a nuestros gobernantes en este ámbito, para quiénes este problema no forma parte de sus prioridades.

La principal causa de la deficiente atención parece estar relacionada con el escaso interés y conocimiento que la generalidad de los políticos posee sobre estas materias y el poco peso que la pobreza internacional tiene en la política española. Según el estudio, sólo 79 de los 350 diputados presentaron alguna iniciativa parlamentaria a favor del desarrollo.

Además, la falta de transparencia, la rigidez del sistema parlamentario y el mal  funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana ahogan la iniciativa individual de los diputados que sí demuestran interés en la lucha contra la pobreza. Es el caso de Laia Ortiz, de Izquierda Plural, a la que el informe Avizor señala como más comprometida en esta tarea.

 

 

 

¿Transparencia? No me consta

Con la corrupción a punto de desbordar el vaso de la paciencia de la esquilmada ciudadanía, asentada “presuntamente”, claro, en los grandes partidos políticos y las instituciones, a los mandamases de esta especie de gran cloaca en la que parece haberse convertido este país, les ha dado ahora por repetir la palabra transparencia hasta límites sospechosos.

“Exigimos transparencia” claman unos, “obramos con la máxima transparencia” se defienden los otros, en comparecencias a puerta cerrada o sin admitir preguntas de los periodistas. Y en aras  del repentino ataque de claridad empiezan a publicarse declaraciones de la renta de políticos a diestro y siniestro… ¿A quién quieren engañar? Que se esfuercen porque la educación no sea buena no quiere decir que seamos tontos.

Y así en el Congreso de los Diputados se está elaborando una Ley de Transparencia,  cuyo borrador los partidos minoritarios y los  expertos en la materia califican de insuficiente, cuando no pura cosmética. Así, la Coalición Pro-Acceso, que reúne a 65 organizaciones, acaba de hacer un llamamiento para realizar una mejora integral del proyecto de ley, pues de aprobarse como está, “perpetuará la opacidad que rige la vida pública española”.

Entre las carencias que encuentra la Coalición Pro-Acceso está el que no reconoce como derecho fundamental el derecho al acceso de la información. Además, tampoco afecta a todas las instituciones públicas. La Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal se quedarían fuera del alcance de esta ley. Faltaría más.

Otra de las cuestiones controvertidas es el silencio administrativo negativo. Esto es, que si el organismo público al que se solicita información no contesta, se entiende denegada la solicitud, sin necesidad de motivar la falta de respuesta. Algo que sucede actualmente en la mitad de los casos en los que se demanda información.

En definitiva, que sus señorías no tienen la menor intención de comprometerse firmemente a luchar contra la corrupción si ello implica tener que rendir cuentas ante los ciudadanos y dar explicaciones sobre lo que hacen con el dinero de todos. Mejor seguir llamando transparencia a colgar  en Internet sus declaraciones de la renta personales y, si la cosa se pone fe, un buen “no me consta” y asunto zanjado.