El otro Mundial de Brasil

grandebrasildesigualComo ya se ha hablado bastante de  “La Roja”, y se habla de Neymar, de Messi y compañía, toca hacerlo un poco del otro Mundial de Brasil 2014, que estos días vive su desenlace.

Un campeonato del mundo que llegó rodeado de  polémica. Miles de brasileños han protestado en las calles contra lo que entienden como un despilfarro de fondos públicos mientras las necesidades del país en materia social y educativa son acuciantes. Brasil es una potencia mundial, la séptima economía del mundo, sin embargo también es un gigante en desigualdad. Según Manos Unidas, uno de cada cinco habitantes (en total, 40 millones de personas) vive en la pobreza. El 20% de la población más rica goza de una renta media 22 veces mayor que el 20% más pobre; el 10% más rico de la población aglutina el 44,5% de los ingresos totales del país, mientras que el 10% más pobre sólo tiene el 1,1% del total.

Ante la realidad que reflejan estos datos, no es de extrañar el rechazo de una parte importante de la población hacia el festín económico y mediático que supone un evento global de esta magnitud, que además no tiene reparos en exhibir  las difíciles condiciones de vida de los más desfavorecidos  dentro del opulento escenario. Ni siquiera las apelaciones al sentimiento patriótico de un pueblo eminentemente futbolero como es el brasilero han servido para contrarrestar la indignación de sus gentes, que en muchos casos  no están para juegos.

Tener a las mejores selecciones del mundo durante un mes en su territorio  le ha costado al país 10.000 millones de euros. Éste es el Mundial más caro de la historia, más que el de Sudáfrica y Alemania juntos. Los costes han duplicado las previsiones y en cada una de las obras realizadas,  bastantes de ellas prescindibles,  el tufo a corrupción es considerable. Un hedor que también envuelve a los dirigentes de la FIFA ,en cada uno de sus viajes a lo largo y ancho del mundo. El organismo rector del fútbol a escala planetaria es, para muchos, el gran ganador en esta competición que en 2022 se celebrará en Qatar.

Cuando se organizan estos magnos eventos, sus responsables se defienden de las voces críticas que denuncian el despilfarro de dinero  público esgrimiendo el retorno económico que  tendrá para el país. Sin embargo, Inspiraction denuncia que Brasil dejará de ingresar entre 179 y 386 millones de euros, depende de las fuentes, por las exenciones fiscales que la FIFA ha conseguido para las multinacionales que patrocinan el Mundial, una de las condiciones que impone  al anfitrión el controvertido organismo, que según la ONG ya ha obtenido 1380 millones de dólares de beneficios. Unos patrocinadores, marcas multinacionales de sobra conocidas, que probablemente estén perdiendo en reputación lo que obtienen de impacto publicitario con su apoyo a la FIFA.

En definitiva, puede que el domingo día 13 en un Maracaná abarrotado y cientos de millones pendientes de la televisión en los cinco continentes,  lo que verdaderamente esté en juego no sea quien es el ganador.

 

 

 

 

 

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¿Transparencia? No me consta

Con la corrupción a punto de desbordar el vaso de la paciencia de la esquilmada ciudadanía, asentada “presuntamente”, claro, en los grandes partidos políticos y las instituciones, a los mandamases de esta especie de gran cloaca en la que parece haberse convertido este país, les ha dado ahora por repetir la palabra transparencia hasta límites sospechosos.

“Exigimos transparencia” claman unos, “obramos con la máxima transparencia” se defienden los otros, en comparecencias a puerta cerrada o sin admitir preguntas de los periodistas. Y en aras  del repentino ataque de claridad empiezan a publicarse declaraciones de la renta de políticos a diestro y siniestro… ¿A quién quieren engañar? Que se esfuercen porque la educación no sea buena no quiere decir que seamos tontos.

Y así en el Congreso de los Diputados se está elaborando una Ley de Transparencia,  cuyo borrador los partidos minoritarios y los  expertos en la materia califican de insuficiente, cuando no pura cosmética. Así, la Coalición Pro-Acceso, que reúne a 65 organizaciones, acaba de hacer un llamamiento para realizar una mejora integral del proyecto de ley, pues de aprobarse como está, “perpetuará la opacidad que rige la vida pública española”.

Entre las carencias que encuentra la Coalición Pro-Acceso está el que no reconoce como derecho fundamental el derecho al acceso de la información. Además, tampoco afecta a todas las instituciones públicas. La Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal se quedarían fuera del alcance de esta ley. Faltaría más.

Otra de las cuestiones controvertidas es el silencio administrativo negativo. Esto es, que si el organismo público al que se solicita información no contesta, se entiende denegada la solicitud, sin necesidad de motivar la falta de respuesta. Algo que sucede actualmente en la mitad de los casos en los que se demanda información.

En definitiva, que sus señorías no tienen la menor intención de comprometerse firmemente a luchar contra la corrupción si ello implica tener que rendir cuentas ante los ciudadanos y dar explicaciones sobre lo que hacen con el dinero de todos. Mejor seguir llamando transparencia a colgar  en Internet sus declaraciones de la renta personales y, si la cosa se pone fe, un buen “no me consta” y asunto zanjado.

 

Lecciones desde Senegal

Yén a Marre Senegal  responsabilidad política y ciudadana

Mientras en España, un país con marca y todo, un ejemplo de ética y compromiso con los administrados como Francisco Camps da lecciones de responsabilidad social en la política -todo hace indicar que el próximo año la estrella invitada  a tan eminente foro será la ílustre Andrea Fabra- llama la atención una iniciativa ciudadana en Senegal que apela precisamente a eso, a la responsabilidad de la clase política así como la de los ciudadanos para que actúen como tales.

Todo arrancó hace algo más de un año cuando el parlamento de este país africano intentó sacar adelante una reforma constitucional para perpetuar en el poder al expresidente Abdoulaye Wade, que llevaba ya 12 años como máximo mandatario.

Una concentración masiva de ciudadanos contra la reforma constitucional junto a la Asamblea Nacional logró que se retirara la propuesta. De ella nació el movimiento Y’en a Marre, contrario al régimen wadista, origen de una serie de movilizaciones -que costaron la vida a varios manifestantes-  que fructificaron en la victoria electoral de Macky Sall en marzo de este año.

Y’en a Marre interpeló durante la campaña a la responsabilidad, tanto de gobernantes como de individuos, para construir una sociedad donde reinasen los valores cívicos. Así, dieron forma al Nuevo Tipo de Senegalés (NTS), un decálogo de normas que pueden resultar inocentes como “yo pagaré mis impuestos”, “no malgastaré el agua”, “respetaré el trabajo del prójimo”, etc..

Este colectivo invitó a los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, en el mismo lugar donde empezaron sus reivindicaciones, a realizar el juramento simbólico de un código similar: el Nuevo Tipo de Diputado (NTD), un código ético para sus representantes que proclama:  “Soy un nuevo tipo de diputado, yo trabajo. Soy un NTD, la República se antepone a mi partido; soy un NTD, soy esclavo de las necesidades de la población; soy un NTD, me esfuerzo para ser el garante de la democracia y el buen gobierno; soy un NTD, velo por la separación de poderes, la salvaguarda y el fortalecimiento de las instituciones o soy un NTD, lucho contra la corrupción…”, entre otros principios.

Resultará ingenuo sí, pero dado el grado de desfachatez generalizada, no estaría mal ver a nuestros políticos, en la plaza pública, comprometerse ante los ciudadanos a realizar la función para las que han sido elegidos, es decir, procurar el bien común, y no el suyo propio, el de sus familiares y allegados, o el de su partido. Y que, como los senegaleses, los ciudadanos españoles nos comprometiéramos asimismo con el devenir de nuestra sociedad, a ejercer nuestras responsabilidades como tales, más allá de deposítar en una urna un voto cada cuatro años para  después olvidarnos de la cosa pública o solo quejarnos de cómo van las cosas.

Fuente: Diagonal

Hacia la transparencia de la Administración, por fin

Hoy el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de Transparencia para las Administraciones Públicas, un paso necesario que va a faclitar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Esto es algo normalizado en las mayoría de las democracias occidentales, que en España los diferentes gobiernos habían ido posponiendo. Los continuos casos de corrupción, despilfarro o simple incompetencia para la gestión que llegan desde diferentes administraciones ha generado tal desconfianza hacia las mismas, que la clase política no ha podido seguir por más tiempo impidiendo a los contribuyentes conocer qué se hacía con su dinero.

Hay que esperar a ver cómo se pone en práctica y sobre todo cómo y quién controla su cumplimiento, pero en principio es algo muy positivo. Incluso el Gobierno “se tira el rollo” y permite hacer aportaciones al texto por parte de los ciudadanos. Buen gesto, claro que sí. Ya para nota hubiera sido presentado esta ley “anticorrupción”, tres días más tarde, es decir, después de las elecciones en Andalucía y en Asturias, como ha hecho con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.(Transparentes sí, pero no tontos).

Cuando se apruebe, España dejará de ser el único país de la UE de más de un millón de habitantes sin una ley de transparencia. Hasta la fecha, nuestro país está considerado como uno de los más opacos del viejo continente. Por citar un caso en el extremo opuesto, Suecia tiene reconocido el derecho al acceso a la información pública desde la Constitución de 1776.

La ley deberá permitir asimismo que conozcamos cómo se financian los partidos políticos, otro de los temas llenos de sombras de la democracia española. Esta semana conocíamos un informe de la Fundación Entorno Empresarial que les deja en muy mal lugar.  Excepto UPyD, ninguno de los partidos con representación en el Parlamento en 2010 publicaba su situación financiera, ninguno publica el informe de un auditor independiente, o informa en su web sobre créditos concedidos o condonaciones de deudas. Confiemos en que, si no lo han hecho voluntariamente -como creo que el respeto hacía los ciudadanos y especialmente sus votantes merecía-, ahora, por imperativo legal, no puedan dejar de asumir esta responsabilidad.