Repsol y AECID, una controvertida alianza en Ecuador

¿Es lícito que las fundaciones de empresas transnacionales con grandes beneficios reciban fondos públicos para ejecutar sus políticas de acción social? Aunque tiene su explicación razonable, es cierto que a veces chirría un poco.

En los últimos días diversos colectivos han criticado la subvención de 150.000 euros que la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID) ha concedido a la Fundación Repsol para un proyecto en favor de las comunidades en la Amazonía ecuatoriana, según informa El Mundo.

Tanto las ONG españolas que trabajan en Ecuador como el Movimiento 15M en este país consideran injusta la ayuda de AECID puesto que la petrolera Repsol ha sido objeto de varias denuncias por violación de los derechos humanos de las poblaciones indígenas así como daños al medio ambiente.

Si bien las empresas multinacionales pueden y deben ser un actor principal en el desarrollo de los países del Sur donde actúan y como tal es comprensible que desde el sector públíco se impulsen alianzas multilaterales con este objetivo, es primordial saber elegir el aliado adecuado en cada caso para canalizar esa cooperación. Y en éste, parece evidente que la fundación de una empresa acusada de cometer delitos graves en la zona, y por tanto rechazada por buena parte de la comunidad, la elección no ha sido a priori la correcta.

Desde el punto de vista de la empresa, debería haber advertido el daño reputacional que las previsibles acusaciones de lavado de imagen iban a acarrear. Y aunque es verdad que aporta la mitad de los fondos del proyecto, en los tiempos actuales de drásticos recortes a la cooperación al desarrollo, una multinacional con grandes beneficios económicos podría haber valorado hacer el esfuerzo de sufragarlo íntegramente, máxime en una región donde sus impactos sociales y ambientales están en entredicho. Y sobre todo, antes de nada, dialogar con sus grupos de interés.

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En estas navidades, ¿turrón de Suchard?

Que tenemos un gran poder como consumidores para cambiar el mundo en el que vivimos es algo de lo que estamos convencidos. Estos díash a salido a la palestra un ejemplo más. Una sola ciudadana con su queja ha puesto en el punto de mira a una de las marcas clásicas de la Navidad: Suchard.

Lo hizo utilizando una plataforma de ciberativismo, actuable,desde donde acusó a la marca de la poderosa multinacional Kraft Foods de fabricar su turrón utilizando mano de obra infantil o forzada y exigía que Suchard garantizara con un certificado que el cacao con el que elaboran garantizara unas condiciones laborales dignas y un salario justo para los campesinos por su trabajo, como acreditan los sellos de Comercio Justo.

La compañía reaccionó publicando en su web que es “el mayor comprador de cacao sostenible procedente de Comercio Justo”. Además ha tenido que informar a los consumidores aportando datos sobre sus procedimientos que muchos consumidores desconocían anteriormente, sobre su implicación en la mejora de las condiciones de vida de los productores de cacao en África.

La petición de explicaciones cuenta con el respaldo de casi 52.000 personas, a las que Suchard ha de convencer de que efectivamente su archiconocido turrón de cocholate no contiene ingrendientes de explotación infantil. De no ser así, esta Navidad, en su bandeja, no habrá hueco para el famoso dulce.

En una sociedad tan comunicada como en la que vivimos, las malas prácticas acaban saliendo a la luz tarde o temprano. Las empresas que no sean transparentes y que hagan las cosas sin tener en cuenta el entorno social y medioambiental en el que operan acabarán pagando sus errores. Quizás Suchard no sea una de ellas, pero tampoco se ha esforzado, al menos en el mercado español, por demostrar lo contrario. El daño en la reputación puede provocar unos costes muy superiores que los que se hubieran derivado de una  gestión adecuada de su relación con los grupos de interés.