Rozando el absurdo

grouchoLo de los políticos de este país empieza a ser ya preocupante. De hacérselo mirar. De lo poco que faltaba por ver era a un consejero regional de Sanidad, en este caso de Madrid, el máximo responsable de la salud de seis millones y medio de personas, defendiendo la modificación de la ley antitabaco para que pueda permitirse volver a fumar en establecimientos públicos cerrados, tal y como pide el propietario de Eurovegas. Roza el absurdo.

Fernández-Lasquetty, que no Groucho Marx, considera que reformar la ley antitabaco es algo “verdaderamente muy importante para el presente y el futuro de España y de Madrid en particular”. Lo mismo defiende el jefe del Ejecutivo madrileño, Ignacio González, que cree que esta es la mejor  forma de generar empleo en la comunidad autónoma que preside. El señor Rajoy también está por la labor de complacer a ese gran filántropo norteamericano llamado Shledon Adelson, a cuyos pies se rinden nuestros gobernantes. Tanto quejarse de la herencia recibida y resulta que una de las contadas cosas positivas que ha perdurado de la etapa de su antecesor en La Moncloa se puede esfumar como el humo.

Poco parece importar ahora que un millón de personas hayan dejado de fumar y que según las organizaciones de médicos la norma haya evitado desde su entrada en vigor, a principios de 2011,1  1.000 muertes anuales y un 11% de infartos. Lo principal ahora es el empleo, dicen. 200.000 puestos de trabajo auguran. Con el mismo fundamento que el que decía que España iba bien o el otro que proclamaba que estábamos en la Champions League de la economía.

Esperemos que a Mr. Adelson no le dé, no sé, por exigir que para montar su monopoly ibérico  los crupieres sean menores de edad,  o se permita el tráfico de estupefacientes en los alrededores,  o incluso, puestos a pedir, se prescriban las visitas de colegios públicos para echar unas fichas a la ruleta. Lo que el ministro o consejero del ramo no tardaría en justificar argumentando que hay que adaptar el sistema educativo a las demandas del mercado.

Lo que importa es la creación de empleo, sí. No lo hacen para tener así un eslogan de populismo barato que les permita arañar los votos necesarios en las próximas citas electorales para seguir amarrados al sillón otros cuatro años. Pues nada,  que se enciendan las luces y vuelva a empezar la fiesta. Que Alcorcón sea solo el principio de la reconquista de esa España esplendorosa de los últimos años.

 

 

 

 

 

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Hacia la transparencia de la Administración, por fin

Hoy el Gobierno ha presentado el anteproyecto de Ley de Transparencia para las Administraciones Públicas, un paso necesario que va a faclitar el acceso de los ciudadanos a la información pública. Esto es algo normalizado en las mayoría de las democracias occidentales, que en España los diferentes gobiernos habían ido posponiendo. Los continuos casos de corrupción, despilfarro o simple incompetencia para la gestión que llegan desde diferentes administraciones ha generado tal desconfianza hacia las mismas, que la clase política no ha podido seguir por más tiempo impidiendo a los contribuyentes conocer qué se hacía con su dinero.

Hay que esperar a ver cómo se pone en práctica y sobre todo cómo y quién controla su cumplimiento, pero en principio es algo muy positivo. Incluso el Gobierno “se tira el rollo” y permite hacer aportaciones al texto por parte de los ciudadanos. Buen gesto, claro que sí. Ya para nota hubiera sido presentado esta ley “anticorrupción”, tres días más tarde, es decir, después de las elecciones en Andalucía y en Asturias, como ha hecho con la Ley de Presupuestos Generales del Estado.(Transparentes sí, pero no tontos).

Cuando se apruebe, España dejará de ser el único país de la UE de más de un millón de habitantes sin una ley de transparencia. Hasta la fecha, nuestro país está considerado como uno de los más opacos del viejo continente. Por citar un caso en el extremo opuesto, Suecia tiene reconocido el derecho al acceso a la información pública desde la Constitución de 1776.

La ley deberá permitir asimismo que conozcamos cómo se financian los partidos políticos, otro de los temas llenos de sombras de la democracia española. Esta semana conocíamos un informe de la Fundación Entorno Empresarial que les deja en muy mal lugar.  Excepto UPyD, ninguno de los partidos con representación en el Parlamento en 2010 publicaba su situación financiera, ninguno publica el informe de un auditor independiente, o informa en su web sobre créditos concedidos o condonaciones de deudas. Confiemos en que, si no lo han hecho voluntariamente -como creo que el respeto hacía los ciudadanos y especialmente sus votantes merecía-, ahora, por imperativo legal, no puedan dejar de asumir esta responsabilidad.