Ética y transparencia, principales atributos de la empresa responsable según los ciudadanos

Podemos ver el vaso medio lleno o medio vacío. Lo que es cierto es que el colectivo formado por consumidores críticos sigue creciendo. El ciudadano quiere empresas responsables que le proporcionen productos y servicios que causen el menor impacto social y medioambiental. Las marcas tienen ante sí el importante reto de comunicar su desempeño y esfuerzo en línea a las nuevas demandas de un cliente selectivo, que valora este comportamiento antes de adquirir un producto o contratar un servicio.

El informe “El ciudadano y la RSE”, que por quinto año consecutivo ha elaborado la Fundación Adecco, señala que el 49% de los ciudadanos se muestra selectivo a la hora de consumir, e incorpora criterios de responsabilidad en sus decisiones de compra, como el respeto a los derechos humanos o al medio ambiente. En el estudio anterior la cifra era dos puntos menor.

En cuanto a los requisitos que debe cumplir una empresa para que el público la considere como responsable, tres atributos sobresalen respecto al resto: Ética (58% de los encuestados), Transparencia (56%) y Diversidad (45%), refiriéndose esta última  a culturas corporativas en las que primen los procesos de selección por competencias: aquéllos que no discriminan por factores como la edad, el sexo o el hecho de tener un certificado de discapacidad.

Por cierto, aunque los ciudadanos interiorizan pautas responsables y piden que las empresas también lo hagan, el 65% desconoce el significado de la RSE.

 

Anuncios

El Parlamento no se ocupa de la pobreza

El Centro de Investigación y Estudios sobre Comercio y Desarrollo (CIECODE), por medio del ‘Proyecto Avizor’ , realiza un seguimiento y evalúa la labor que tanto el Congreso como sus diputados a título individual hacen por combatir la pobreza y promover el desarrollo internacional sostenible. Hace unos días publicó su informe 2012, que suspende a nuestros gobernantes en este ámbito, para quiénes este problema no forma parte de sus prioridades.

La principal causa de la deficiente atención parece estar relacionada con el escaso interés y conocimiento que la generalidad de los políticos posee sobre estas materias y el poco peso que la pobreza internacional tiene en la política española. Según el estudio, sólo 79 de los 350 diputados presentaron alguna iniciativa parlamentaria a favor del desarrollo.

Además, la falta de transparencia, la rigidez del sistema parlamentario y el mal  funcionamiento de los mecanismos de participación ciudadana ahogan la iniciativa individual de los diputados que sí demuestran interés en la lucha contra la pobreza. Es el caso de Laia Ortiz, de Izquierda Plural, a la que el informe Avizor señala como más comprometida en esta tarea.

 

 

 

Triodos Bank confirma el auge de la banca ética

Ya hemos comentado en otras ocasiones en el  blog que la banca ética tiene cada vez más seguidores en nuestro país. La pérdida de confianza en la banca convencional cuyo modelo depredador desencadenó la profunda crisis en la que nos hayamos inmersos y cuyos excesos estamos pagando – lo que seguiremos haciendo durante mucho tiempo- en forma de recortes, pérdidas de derechos que están deteriorando el estado de bienestar, es una de las principales razones que están llevando a los ciudadanos a buscar alternativas honestas y seguras donde dejar su dinero.

Esta semana hemos conocido los datos de Triodos Bank en 2012, que vienen a corroborar el crecimiento de este tipo de banca contraria a la especulación, centrada en la economía real y fundamentada en valores como la transparencia, participación y sostenibilidad. La entidad de origen holandés creció en España un 58% el pasado año en su balance total,  superando los 1.000 millones de euros, y un 73% en número de clientes, que ya son 105.000. Unos resultados muy positivos que mejoran los obtenidos en 2011, año también muy favorable.

Un dato esclarecedor que confirma que mucha gente no está dispuesta a perpetuar el sistema financiero actual es que desde que comenzara la crisis  en 2008 esta entidad ha duplicado su tamaño en Europa.

¿Transparencia? No me consta

Con la corrupción a punto de desbordar el vaso de la paciencia de la esquilmada ciudadanía, asentada “presuntamente”, claro, en los grandes partidos políticos y las instituciones, a los mandamases de esta especie de gran cloaca en la que parece haberse convertido este país, les ha dado ahora por repetir la palabra transparencia hasta límites sospechosos.

“Exigimos transparencia” claman unos, “obramos con la máxima transparencia” se defienden los otros, en comparecencias a puerta cerrada o sin admitir preguntas de los periodistas. Y en aras  del repentino ataque de claridad empiezan a publicarse declaraciones de la renta de políticos a diestro y siniestro… ¿A quién quieren engañar? Que se esfuercen porque la educación no sea buena no quiere decir que seamos tontos.

Y así en el Congreso de los Diputados se está elaborando una Ley de Transparencia,  cuyo borrador los partidos minoritarios y los  expertos en la materia califican de insuficiente, cuando no pura cosmética. Así, la Coalición Pro-Acceso, que reúne a 65 organizaciones, acaba de hacer un llamamiento para realizar una mejora integral del proyecto de ley, pues de aprobarse como está, “perpetuará la opacidad que rige la vida pública española”.

Entre las carencias que encuentra la Coalición Pro-Acceso está el que no reconoce como derecho fundamental el derecho al acceso de la información. Además, tampoco afecta a todas las instituciones públicas. La Casa Real, los partidos políticos, los sindicatos y la patronal se quedarían fuera del alcance de esta ley. Faltaría más.

Otra de las cuestiones controvertidas es el silencio administrativo negativo. Esto es, que si el organismo público al que se solicita información no contesta, se entiende denegada la solicitud, sin necesidad de motivar la falta de respuesta. Algo que sucede actualmente en la mitad de los casos en los que se demanda información.

En definitiva, que sus señorías no tienen la menor intención de comprometerse firmemente a luchar contra la corrupción si ello implica tener que rendir cuentas ante los ciudadanos y dar explicaciones sobre lo que hacen con el dinero de todos. Mejor seguir llamando transparencia a colgar  en Internet sus declaraciones de la renta personales y, si la cosa se pone fe, un buen “no me consta” y asunto zanjado.

 

Examen de transparencia a las CCAA

transparenciaAcaba de ver la luz el Índice de Transparencia de las Comunidades Autónomas (INCAU) que realiza la ONG Transparencia Internacional (TI), que mide, mediante un conjunto de 80 indicadores,  la  información  que los 17 gobiernos regionales del Estado ofrecen a los ciudadanos sobre su gestión.

En el estudio se evalúan seis áreas: información sobre la comunidad autónoma, relaciones con los ciudadanos y la sociedad, transparencia económico-financiera, transparencia en las contrataciones de servicios, obras públicas y suministro, transparencia en materias de ordenación del territorio, urbanismo y obras públicas, y por último, como novedad, recoge los datos que deberán publicar obligatoriamente según el proyecto de la Ley de Transparencia.

El informe revela que País Vasco y La Rioja son las comunidades autónomas más transparentes, con una puntuación de 97,5 sobre 100.  La más opacas son Murcia (55) y Castilla- La Mancha (58,8). Las  17 “aprueban” , es decir,  superan los 50 puntos, aunque en en la materia que nos ocupa -derecho fundamental de los ciudadanos- todo lo que no ronde el 10 tendría que considerarse suspenso. Máxime si tenemos en cuenta que TI concede un plazo a los gobiernos autonómicos para que publiquen la información requerida, algo así como soplarles las preguntas que van a caer en el examen. Añadir además que el estudio no analiza la calidad de esa información, simplemente constata si la información está publicada y por tanto es accesible a los ciudadanos o no.

Con respecto al primer INCAU, realizado en 2010, la media global sube más de ocho puntos (de 71,5 a 79,9). Como entonces el caballo de batalla de los gobernantes sigue siendo la información económico-financiera (69,7 puntos). Parece que a nuestros gobernantes se les atraganta eso de rendir cuentas sobre ingresos y gastos, deuda o situación de las arcas públicas.

En un momento en el que  no pocos se cuestionan si el país necesita tantos niveles de Administración (Ayuntamientos, Diputaciones, Gobiernos regionales y central) en el histórico de los informes de Transparencia Internacional las Diputaciones son las que se llevan la peor parte, pues solo sacaron un 48,6 de 100 en el examen realizado este mismo año; mientras que los Ayuntamientos obtuvieron un 70,2.

No nos cansaremos de repetir, que este país de gurteles, brugales y mercuris (último escándalo) es el único en Europa con más de un millón de habitantes que no dispone de una ley acceso a la información o ley de transparencia.

Informe completo

Transparencia en el Congreso de los Diputados

Ayer 28 de septiembre, día mundial de la transparencia, Equo y Compromís, organizaron la Jornada “Derecho a Saber, Derecho a participar” en el Congreso de los Diputados.

Estos dos partidos minoritarios, que forman una coalición con un diputado en las Cortes, Joan Baldoví, abrieron a los ciudadanos las puertas del simbólico edificio solo tres días después de que ni siquiera pudiéramos acercarnos al mismo.

No muchos fueron, sin embargo, los que aprovecharon esta oportunidad para conocer algo más sobre el acceso a la información pública, un derecho constitucional muy poco desarrollado en nuestro país, sobre el cual actualmente se está tramitando una ley que, según los participantes, dejará las cosas más o menos como están, para mayor gloria de sus promotores.

Esto es, a años luz de países como Suecia, donde cualquiera tiene acceso a las cuentas bancarias para ver en qué se gastan el dinero los partidos políticos y de donde procede. ¿Veremos eso algún día aquí? Hay a quien se le revuelve el estómago solo con la idea. Sabríamos por ejemplo, qué bancos financian sus costosas campañas electorales, y cómo, misteriosamente, esa deuda se deja de pagar.

Como bien señaló Joan Coscubiela, diputado de Izquierda Plural, “la transparencia no es una ley, sino una actitud”, y lamentablemente la mentalidad de la clase gobernante española es que lo de todos se administra sin tener porqué rendir cuentas ni dar explicaciones. Ni los “gurteles” ni los “brugales” hace mella en ese afán por mantener la opacidad.

En unos tiempos en los que los avances tecnológicos permiten la inmediatez en el  flujo de la información  y ofrecen múltiples posibilidades de participación , siguen sin abrirse las ventanas de los edificios donde residen nuestros representantes. La información es poder, y por lo que se ve, no quieren repartirlo. Como apuntó Guzmán Garmendia, artífice de la primera ley de Transparencia y de Gobierno Abierto en España, desde la comunidad foral de Navarra, nuestro modelo político sigue anclado en el siglo XVIII.

Por eso, quizás, es lícito plantearse la pertinencia de modificar, para adaptarnos a los nuevos tiempos, no una ley o un grupo de leyes, sino la Constitución al completo, redactada y votada hace 30 años en unas circunstancias muy particulares. Desde el público, alguien aportó una metáfora para describir a nuestra Carta Magna: un coche viejo al que se le están poniendo muchos parches, pero que antes o después habrá que cambiar.

Posiblemente tenga razón. El debate está en la calle. Pero, lo más importante, es que sus artículos, ya sea de la actual o de las que están por llegar, se cumplan. De momento, el Congreso fue ayer más transparente de la mano de Equo y Compromís.

En estas navidades, ¿turrón de Suchard?

Que tenemos un gran poder como consumidores para cambiar el mundo en el que vivimos es algo de lo que estamos convencidos. Estos díash a salido a la palestra un ejemplo más. Una sola ciudadana con su queja ha puesto en el punto de mira a una de las marcas clásicas de la Navidad: Suchard.

Lo hizo utilizando una plataforma de ciberativismo, actuable,desde donde acusó a la marca de la poderosa multinacional Kraft Foods de fabricar su turrón utilizando mano de obra infantil o forzada y exigía que Suchard garantizara con un certificado que el cacao con el que elaboran garantizara unas condiciones laborales dignas y un salario justo para los campesinos por su trabajo, como acreditan los sellos de Comercio Justo.

La compañía reaccionó publicando en su web que es “el mayor comprador de cacao sostenible procedente de Comercio Justo”. Además ha tenido que informar a los consumidores aportando datos sobre sus procedimientos que muchos consumidores desconocían anteriormente, sobre su implicación en la mejora de las condiciones de vida de los productores de cacao en África.

La petición de explicaciones cuenta con el respaldo de casi 52.000 personas, a las que Suchard ha de convencer de que efectivamente su archiconocido turrón de cocholate no contiene ingrendientes de explotación infantil. De no ser así, esta Navidad, en su bandeja, no habrá hueco para el famoso dulce.

En una sociedad tan comunicada como en la que vivimos, las malas prácticas acaban saliendo a la luz tarde o temprano. Las empresas que no sean transparentes y que hagan las cosas sin tener en cuenta el entorno social y medioambiental en el que operan acabarán pagando sus errores. Quizás Suchard no sea una de ellas, pero tampoco se ha esforzado, al menos en el mercado español, por demostrar lo contrario. El daño en la reputación puede provocar unos costes muy superiores que los que se hubieran derivado de una  gestión adecuada de su relación con los grupos de interés.